Por Guillermo Salas Vargas

Porque hace ya tiempo

que está preparado Tófet,

preparado también para el rey,

profundo y ancho,

lleno de fuego y de leña abundante,

que el soplo de Yahvé,

cual torrente de azufre, encenderá.

Isaías 30:33

Pasos para atrás

En México la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una “empresa productiva del Estado”, que debería ser rentable aun cuando se otorguen subsidios a las tarifas aplicables a casas habitación de bajo consumo.

Si bien en 2020 la CFE fue deficitaria, entre otras razones porque se condonaron 43,000 millones a los consumidores de Tabasco, en 2019 todavía tuvo un resultado positivo. Esto se logró gracias a que su subsidiaria de suministro básico generó ganancias por 32,706 millones de pesos, su red de transmisión otros 18,325, y 13,690 su actividad de distribución. En estas dos últimas actividades: transmisión y distribución, conserva el monopolio por ley.

En cambio, en ese mismo año de 2019, en generación de electricidad perdió 10,874 millones. Y sin embargo, la iniciativa preferente que envió el Ejecutivo al Congreso el primero de febrero  fija las condiciones para que la CFE aumente su participación en la generación de electricidad. La iniciativa ya se convirtió en ley tras haber sido aprobada por ambas cámaras.

Más allá de preferencias ideológicas, parece haber una motivación no explicitada para esta nueva ley: darle uso al combustóleo de alto azufre que generan las  refinerías que operan en México.

Una de las metas del Gobierno Federal es eliminar la importación de gasolinas y diésel a mediano plazo. Para ello es necesario procesar petróleo de tipo pesado, que es el que se extrae actualmente de los yacimientos petrolíferos en el país. Administraciones pasadas descuidaron la inversión y el mantenimiento de las refinerías, que se volvieron obsoletas: al producir gasolina y diésel con petróleo pesado generan una enorme cantidad de residuos en forma de combustóleo que contiene alrededor de 5% de azufre.

Desde el año pasado la Organización Marítima Internacional prohibió utilizar combustóleo con más de 0.5% de azufre (diez veces menos que el producido por refinerías mexicanas) en los barcos de vapor a nivel mundial, y prácticamente nadie desea comprar un combustóleo con tan alto nivel de azufre. En tales circunstancias, el único uso que se le encuentra a ese combustóleo tan contaminante es en las vetustas plantas de CFE, que lo utilizan como combustible para producir electricidad.

Esta explicación es la que dan, entre otros expertos, Guillermo García Alcocer, quien hasta junio de 2019 era presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) García Alcocer renunció por diferencias con los comisionados nombrados por el presidente López Obrador; y lo mismo expone también José Luis Luege, quien fue director de la Comisión Nacional del Agua en el sexenio de Felipe Calderón.

El nuevo sistema de generación de energía es nocivo, y obligará a que el mecanismo de despacho de la CRE le dé prioridad a las plantas generadoras de la CFE y no, como venía ocurriendo desde la reforma constitucional de 2013, a las palanas más eficientes, que por lo general también son las más limpias.

Dichas plantas pueden ser de cualquier oferente, incluida la misma CFE. Sorprende pensar que hace apenas unos años la CFE ganó una subasta bajo criterios de eficiencia con un proyecto exitoso de energía geotérmica.

El cambio de reglas perjudica a  la misma CFE, que tendrá que utilizar sus propias plantas contaminantes y de costos operativos más altos, en lugar de comprar la energía de productores independientes de energía y luego distribuirla con utilidades considerables, como lo viene haciendo hasta ahora. 

Redes confiables y limpias

Se calcula además que 96% de los apagones se originan en las plantas termoeléctricas de la CFE, pues son las que tienen más piezas móviles que pueden fallar. Así es que este cambio va también en contra de la confiabilidad de la red.

Los voceros del gobierno argumentan que es necesario tener energía de respaldo utilizando energías fósiles para no carecer de luz y fuerza al anochecer, cuando las plantas fotovoltaicas dejan de funcionar. Y que tampoco son confiable los generadores eólicos por su intermitencia.

Esto es cierto y por eso a los inversionistas en las plantas de energía solar y eólica se les hizo pagar alrededor de 80,000 millones de pesos cuando se construyeron, precisamente para pagar por el costo del respaldo, además de que en el porteo (llevar energía de un punto a otro) por ley, la CFE no pierde ni un centavo.

 Hay muchos países —Dinamarca y Alemania por ejemplo, pero también Uruguay— que generan energía renovable en mucho mayor proporción que en México y no padecen por la intermitencia, pues administran inteligentemente su red aplicando las siguientes medidas:

1. Interconectan recursos eólicos y solares para aprovechar unos u otros según las necesidades y la generación posible en cada momento.
2. Fomentan la generación de calefacción y aire acondicionado con energía solar distribuida. (En Israel, todas las casas tienen páneles fotovoltaicos en el techo). Asimismo, dan incentivos para el uso de baterías en las casas.
3. Discriminar precios en función de oferta y demanda, por horarios y por días de la semana, para incentivar que las personas usen más energía cuando es más barata. Por ejemplo, encendiendo aparatos domésticos o recargando un coche eléctrico a altas horas de la noche.
4. Optimizan el uso de software de gestión de la demanda. (Concepto de “smart grids”).

Con estas medidas aprovechan lo más posible energías renovables, incluyendo hidroeléctricas que también son intermitentes; y sólo en los horarios de mucha demanda se encienden las plantas de energías fósiles, comenzando por las de ciclo combinado que utilizan gas natural, luego las de combustóleo (con menos azufre, claro, que el mexicano), dejando al final las que operan con turbogás (diésel) y carbón.

La energía nuclear es un caso especial, es muy eficiente, pero tiene problemas de seguridad.

Futuro contaminado

Lo sensato sería en primer lugar buscar el beneficio de la ciudadanía y no Pemex (la “empresa productiva del estado” encargada de la explotación de hidrocarburos en México) En cuanto a la CFE, permitirle que se concentre en mejorar la confiabilidad y capacidad de su red de transmisión y distribución. Aquí su actividad es rentable y conserva el monopolio. Y por lo demás, volver a alentar la inversión privada en energías renovables y de ciclo combinado a base de gas. 

Indudablemente, lo peor es fomentar la utilización permanente de plantas generadoras a base de combustóleo y carbón de la CFE, que son antieconómicas y antiecológicas; pero ese será el resultado de la nueva ley, lamentablemente.

La  situación actual es preocupante, pues si el crecimiento en el consumo desde ahora hasta el 2032 asciende  3% anual en promedio, se necesitará generar en ese año alrededor de 145,000 watts; sin embargo, se prevé que la CFE sólo podrá generar en ese año aproximadamente 83,000 watts. Esto ocasionaría un cuello de botella para la industria nacional, que es la que consume  75% de la energía eléctrica, siendo otro 25% consumo doméstico.

Las inversiones en generación de electricidad requieren de entre 3 y 5 años para entrar en operación, así es que cancelar las subastas del mercado eléctrico, como se ha hecho desde 2019, y ahuyentar la inversión privada no presagia nada bueno.

A todo lo anterior hay que sumar que la nueva ley viola flagrantemente los artículos 1, 25 y 28 de la Constitución Mexicana, sobre la libre concurrencia, prohibición de monopolios o prácticas de acaparamiento.   Va en contra además de los Arts. 27 y 28 que definen la estructura, operación y funcionamiento de la industria eléctrica; y de los Arts. 14 y 16, sobre la no retroactividad de las leyes y la seguridad jurídica; y el Art. 4, sobre el derecho al medio ambiente sano y la protección de la salud.

En el ámbito internacional, la nueva ley también va en contra del del TMEC (Tratado México-EUA-Canadá) y el TIPAT (Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico), en los rubros de servicios e inversiones y en lo referente a los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones; así como del Acuerdo de París, ya que dificulta enormemente el cumplimiento de las metas comprometidas al emitirse una mayor cantidad de gases contaminantes a la atmósfera.

Para derogar esta ley se requeriría que ocho de los once ministros de la Suprema Corte la consideren inconstitucional, algo muy improbable.  Es casi seguro empero,  que las partes perjudicadas (empresas y gobiernos de otros países) iniciarán litigios que serán costosos para todas las partes involucradas y por ello para México como país.

Lamentablemente, la disciplina partidista y la ceguera ideológica en los representantes de ambas cámaras, permitieron que se aprobara la iniciativa preferente que mandó el Ejecutivo al Congreso “sin cambiarle ni una coma” por parte de los diputados y senadores de los partidos que se han aliado en apoyo del actual gobierno: Morena, el PT y el PES. En último momento el Partido Verde Ecologista hizo a un lado su oportunismo habitual y votó en contra, quizá para no perder la poca credibilidad que le queda.

Nuestro gobierno parece empeñado en sacrificar la racionalidad económica con tal de darle uso al combustóleo de alto azufre que le sobra a Pemex. Sin la luz de la razón y las herramientas de la tecnología de punta, caminamos a ciegas…y en la oscuridad. Y además, huele a azufre.